Cerrábamos en 2022 con la entrada en vigor del Real Decreto, aprobado por el gobierno central, en el cual, entre otros, se da luz verde a varias medidas para intentar garantizar el derecho a la vivienda ante la situación actual de incremento de precios, pero que en lugar de hacerlo con recursos propios, como sería deseable, lo hace a cargo de los particulares.

En concreto, se trata de cuatro medidas que afectan la actual regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda y que son las siguientes.

  • Prorroga la limitación del incremento de las rentas de alquiler al 2%, por todas las actualizaciones se tengan que realizar durante todo el año 2023, y por eso, con independencia del que se hubiera pactado en los contratos, que habitualmente es incrementar la renta en función del incremento del IPC, el incremento no podrá superar el 2%.
  • Establece la posibilidad que en aquellos en que su vigencia finalice entre el 28 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, el arrendatario pueda pedir una prórroga de la duración del contrato por seis meses más, que la propiedad tendrá que aceptar forzosamente.
  • Se prorroga la posibilidad que los Juzgados acuerden la suspensión de los procedimientos de desahucio hasta el 30 de junio de 2023 por aquellos arrendatarios que lo pidan y acrediten una situación de vulnerabilidad económica.
  • Como consecuencia de la anterior medida, prorroga hasta el 31 de julio de 2023 la posibilidad de pedir una compensación económica por aquellos propietarios a los cuales el juzgado paralice los procedimientos de desahucio, ante la administración autonómica competente que en Cataluña es la agencia Catalana de la vivienda.

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